Sobre procesos constituyentes en Colombia

Usualmente, cuando se menciona iniciar un proceso constituyente, el rechazo social es profundo. Inmediatamente aparecen los argumentos de que no es eficiente económicamente, que se va a gastar mucho dinero, que los mecanismos de representación no son justos (porque hay subrepresentación de ciertos sectores), o que, simplemente, “se rompe con la institucionalidad”.

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Pero si le quitamos el miedo al debate, vemos que los procesos constituyentes son absolutamente necesarios. En Colombia, hoy tenemos dos órdenes constituyentes abiertos que son complementarios.

1. La micropolítica en la academia: constituyentes universitarias

El primer debate, el que aterriza en la micropolítica de la educación pública, tiene que ver con las Constituyentes Universitarias que buscan reestructurar lo jurídico y político en las universidades.

¿Por qué se necesitan? Desde finales del siglo pasado, con la aprobación de la Ley 30 de 1992 y normas como el Decreto 1279 (que regula la remuneración docente), la educación fue transformada, pasando de ser entendida como un derecho a un servicio.

Esto ha permitido que, en virtud de la autonomía universitaria, se generen reglamentos internos altamente lesivos para la conservación del bienestar de toda la comunidad académica: estudiantes, docentes y el estamento administrativo.

Estas reformas han resultado profundamente inequitativas, privilegiando procesos altamente extractivos del capital social y cultural de las instituciones. Este capital se utiliza para generar un lucro que termina en los bolsillos de unas pocas personas, beneficiando también a ciertos grupos de docentes a través de sus vinculaciones con las instituciones.

Las constituyentes universitarias (como las que se están dando en la Universidad Distrital y la Universidad Nacional de Colombia) buscan modificar el gobierno universitario y enderezar el camino del proyecto educativo. El objetivo es que se puedan coordinar normas y acuerdos políticos que permitan transitar los proyectos educativos con la menor cantidad de desequilibrios posibles. Esto incluye:

1. Reconocer a todxs: Debemos reconocer cómo los diferentes estamentos contribuyen al proyecto educativo, independientemente de sus formas de vinculación, especialmente si son docentes no planta o personal administrativo con contratos de prestación de servicios, que son las "peores formas de contratación conocidas".

2. Repensar la estructura: Modificar la estructura jurídica y política para que no todo esté pensado en la eficiencia del gasto. La incidencia que se puede hacer desde las universidades no puede estar mediada siempre por el "signo pesos".

A la gente le da miedo este cambio porque teme perder sus privilegios. Sin embargo, no hay que tenerle miedo a una constituyente universitaria; de hecho, si en la Universidad Nacional logramos este proceso, serviremos de ejemplo para otras instituciones regionales. ¡Es una oportunidad para soñar con una educación distinta!.

2. El debate nacional: Desarmando el neoliberalismo

El otro orden constituyente es el general, que ciertos sectores políticos han venido hablando de iniciar. Cuando analizamos la Constitución del 91, recordamos que se hizo viable porque combinó una Constitución económica neoliberal y una Constitución Política de derechos.

Esta mezcla promueve prácticas orientadas a un mercado altamente consumista y permite la privatización o tercerización en la provisión de bienes y servicios públicos (lo que, de manera simplista, significa el neoliberalismo).

Aquí está el nudo gordiano que afecta nuestras políticas públicas: se entregan recursos públicos para ser administrados por organizaciones o empresas privadas. Y aunque el lucro no está mal per se, el conflicto surge porque se confía en que estas organizaciones protejan los derechos de la ciudadanía, mientras ellas buscan su lucro privado y garantizar su margen de ganancia.

Por eso, cuando se plantea que no se les entreguen recursos públicos, gremios como los fondos de pensiones, las EPS, federaciones (como la Nacional de Cafeteros o la Colombiana de Fútbol) y ONG que han vivido de la prestación de servicios sociales, "brincan" y dicen que se está destruyendo el país. A lo que realmente le tienen miedo es a perder el privilegio de que sus negocios "se nutran a partir de los recursos públicos".

¿Por qué es un proceso necesario y sin culillo?

Primero, porque tenemos que superar la inflexibilidad jurídica. Nuestra tradición jurídica es inflexible, lo que significa que cualquier decisión política de cambio requiere una fuerte negociación jurídica y económica, creando barreras al cambio impulsadas por élites, oligarquías, burocracias y tecnocracias aliadas con intereses privados.

Segundo, porque debemos garantizar la plenitud de derechos. Una constituyente es necesaria para el abandono de esa tradición neoliberal que ha estado apegada a la figura del "cheque abierto" a las empresas privadas. Lo más importante es que se requiere una nueva mirada y un ajuste para el reconocimiento real y pleno de los derechos de todos aquellos grupos poblacionales que han sido estructural y sistemáticamente invisibilizados a lo largo de la historia. Esto incluye, por ejemplo, las autonomías étnicas, la equidad de género, todas las interseccionalidades (especialmente la población LGTBQ+), y la plena garantía de los derechos de la población anciana, niñas y niños.

Señalar que el miedo a una constituyente es solo porque el presidente actual busque reelegirse es ignorar que los problemas de la distribución de recursos y decisiones políticas sí requieren un ajuste a nuestra realidad nacional. Evadir nuestra responsabilidad en esto es negar la posibilidad de construir colectivamente un futuro mejor.

El debate sobre el futuro educativo y social es urgente. No podemos quedarnos calladxs. La única forma de avanzar es participar y ocupar los espacios de discusión y deliberación posibles, reconfigurando lo que creemos que debe ser la nación y la universidad.

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¡Nos vemos en otra, sin miedo, sin culillo a lo político!.